En Bogotá, la valorización ha sido presentada como una herramienta para financiar obras que transformen la movilidad urbana. Bajo este esquema, los ciudadanos pagan anticipadamente por proyectos que, en teoría, incrementan el valor de sus predios y mejoran su calidad de vida. Sin embargo, cuando esas obras no se ejecutan, el resultado no es solo un retraso en infraestructura, sino una ruptura en la confianza pública. Uno de los casos más evidentes es el de la intersección entre la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Ferrocarril.
Según Estefania Pardo Donado para el medio Red+ este proyecto tiene su origen en el Acuerdo de valorización de 2005, donde fue incluido como parte de un paquete de obras para el occidente de la ciudad. Desde entonces, la iniciativa ha pasado por diferentes administraciones sin concretarse, a pesar de que los recursos fueron recaudados desde hace casi dos décadas. De hecho, el proyecto ha permanecido en una especie de limbo institucional, transitando entre ajustes normativos, promesas políticas y reprogramaciones sin ejecución material.
Durante esos años, la obra fue objeto de múltiples decisiones administrativas. Se redefinieron plazos, se modificaron acuerdos y se intentó reactivar su desarrollo en varias ocasiones. No obstante, estos esfuerzos no se tradujeron en avances físicos. La intersección, que debía mejorar la movilidad en un punto crítico de la ciudad, siguió siendo una promesa reiterada en documentos oficiales, pero ausente en el territorio. (Pardo, 2024)
En 2018 se generó una nueva expectativa cuando la administración distrital anunció la adjudicación del proyecto. La propuesta contemplaba una intersección a desnivel con infraestructura complementaria, lo que sugería un avance concreto hacia su construcción.
Sin embargo, años después, informes de control evidenciaron que el progreso era prácticamente nulo, con niveles de ejecución inferiores al 1 %, pese a que ya existían contratos firmados y recursos girados. (Pardo, 2024)
Las dificultades no se limitaron a la ejecución. También se identificaron problemas en los estudios y diseños, así como prórrogas y suspensiones contractuales que extendieron indefinidamente los tiempos del proyecto. Incluso se reportaron hallazgos administrativos relacionados con ineficiencias en la gestión, lo que contribuyó a que la obra permaneciera en planos, sin avances tangibles para la ciudadanía. (Pardo, 2024)
Al día de hoy ¿En qué estamos?
Más recientemente, y según la información aportada por el canal “Jhon de VIDJCB”, el panorama no ha mejorado. El proceso contractual más reciente, identificado como IDU-LP-SG-HU010-2025, buscaba retomar el proyecto mediante la revisión, actualización de estudios y la construcción de la intersección. No obstante, este proceso fue declarado desierto y posteriormente cancelado por la entidad, apenas 20 días después de su apertura.
La decisión, según el memorando del IDU, respondió a la necesidad de evaluar la viabilidad de los proyectos en curso y ajustar las condiciones de financiación presupuestal.
Este mismo canal menciono que incluso en la actualidad, el proyecto no ha logrado superar la etapa de planeación. A pesar de los intentos por reactivarlo, las decisiones recientes confirman que sigue sin una ruta clara de ejecución. En otras palabras, después de años de anuncios, contrataciones fallidas y recursos comprometidos, el puente continúa sin construirse.
El caso de la Carrera 86 con Calle 22 no es solo la historia de una obra inconclusa, sino un reflejo de problemas estructurales en la gestión pública. Cuando una obra se cobra, se contrata, se suspende y finalmente se cancela, el mensaje que queda es preocupante: la planeación no garantiza resultados. Y mientras tanto, nosotros los ciudadanos y habitantes del sector seguimos esperando una solución que ya pagaron, pero que aún no existe.
